Casos típicos de esto son los mecanismos de comunicación interna, el equipamiento
de implementos de prevención (incendios y riesgos en general) o la inclusión
de la variable de retiro y recontratación de personal, por nombrar sólo algunos.
Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal. Aunque no responde
a decisiones internas del proyecto, como la organización y los procedimientos
administrativos, influye indirectamente en ellos y, en consecuencia, sobre la cuantificación
de sus desembolsos.
Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos
de transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de determinadas
zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto superaría
los mayores costos de transporte.
Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere
a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan de manera
diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan.
Esto se
manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas arancelarias diferenciadas
para tipos distintos de materias primas o productos terminados, o incluso en
la constitución de la empresa que llevará a cabo el proyecto, la cual tiene exigencias
impositivas distintas según sea el tipo de organización que se seleccione.
Otro de los efectos lo constituye la determinación de los desembolsos que representa
la concreción de las opciones seleccionadas como las más convenientes para el
proyecto.
Por ejemplo, los gastos en que se deberá incurrir por la confección de un contrato
para encargar una tecnología que debe hacerse a pedido. Así mismo, es posible
identificar una serie de otros efectos económicos vinculados con variables legales.
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