Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión. Por tal motivo,
entre las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad,
está la de velar por la optimación de todos aquellos aspectos que dependen de una
decisión de tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la tecnología o la localización
del proyecto, entre otros.
El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se realice, distingue
dos grandes etapas: la de formulación y preparación, y la de evaluación.
La primera
tiene dos objetivos: definir todas las características que tengan algún grado de efecto
en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto, y calcular su magnitud.
La
segunda etapa, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de
la inversión en el proyecto.
En muchos casos será necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de formulación
y preparación del proyecto.
Por ejemplo, para decidir si se compran o fabrican
los envases, si se construye o arriendan las oficinas o si se hace una o más plantas,
entre muchas otras decisiones. Lo más común es realizar estudios de perfil para seleccionar
la combinación de factores que dé la configuración definitiva al proyecto,
aun cuando en algunos casos se haga más recomendable un estudio en profundidad
para uno o más de los interrogantes que deberán resolverse durante la formulación
de un proyecto.
En la etapa de formulación y preparación se reconocen, a su vez, dos subetapas:
una que se caracteriza por recopilar información (o crear la no existente), y otra que se
encarga de sistematizar, en términos monetarios, la información disponible.
Esta sistematización
se traduce en la construcción de un flujo de caja proyectado, que servirá de
base para la evaluación del proyecto.
Si bien comúnmente se habla de “el flujo de caja”, es posible distinguir tres tipos
distintos en función del objeto de la evaluación.
De esta manera, habrá un flujo de caja
para medir la rentabilidad de toda la inversión, independientemente de sus fuentes de
financiamiento; otro para medir la rentabilidad sólo de los recursos aportados por el
inversionista, y otro para medir la capacidad de pago, es decir, si, independientemente de la rentabilidad que pudiera tener el proyecto, puede cumplir con las obligaciones
impuestas por las condiciones del endeudamiento.
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